La Constitución es la ley básica de un estado soberano, que
esta aceptada como guía para su gobernación y como la norma jurídica de más
alto rango en el ordenamiento político.
Establece
la organización, atribuciones y relaciones entre los órganos del Estado, los
derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad,
los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el
procedimiento de reformas parcial o total de la constitución aspirándose a establecer
un orden político, jurídico y social que se vería frustrado si este quedase a
merced de alteraciones arbitrarias que cambiasen la organización del poder o
vulnerasen los derechos que en ella se fijan según el gobierno que esté de
turno.
También es lógico pensar, que la Constitución no puede
quedar a la disposición de poderes que deben su existencia a la misma, sería
contradictorio que la obra del poder constituyente esté sujeta a lo que
disponga el poder constituido. Pero de la misma forma, resulta improcedente,
negar la posibilidad de cambio de la Constitución ya que esto supondría, que una
generación podría establecer las pautas de conducta para una comunidad de una
vez para siempre.
¿Qué implica cambiar una constitución? José Martí explicaba
que un cambio en las leyes es la promesa de toda revolución, aquella de
representar el alma de un pueblo que antes fue ocultada u oprimida.
Sin caer en un exceso de legalismo, es clara la enorme
influencia que tienen las leyes en la forma en que las personas desarrollan las
relaciones sociales con su comunidad.
En la historia de Chile, han existido 10 textos
constitucionales y un proyecto de constitución federal en 1826 que no se
concretó siendo, el elemento común de todos estos textos, la creación de un
estado unitario con diversos grados de presidencialismo.
Mas tarde, bajo los cuatro gobiernos liberales, también se
realizaron importantes reformas a la constitución que prohibió la reelección
del Presidente de la
República; se limitó los quórum para sesionar en ambas
cámaras; se definieron los derechos de reunión, asociación de presentación de
peticiones a la autoridad constituida y en 1874, se estableció la libertad de
enseñanza. Además, el senado pasó a ser
elegido por votación directa de las provincias, rebajándose el período a seis
años; luego, se suprimió el fuero eclesiástico, se despachó la ley de
secularización de los cementerios y en 1884, se aprobaron las leyes de
matrimonio y de registro civil.
Para
muchos, la actual Constitución Política de Chile carece de legitimidad, es
factor de división y no de unidad nacional, porque al ser impuesta por un
régimen de facto y fuera de todo procedimiento democrático y constitucional, solo
representa a un sector de nuestra sociedad imponiendo fuertes trabas para su
modificación y para legislar sobre temas, actualmente importantes, como la
educación, el trabajo, la protección social, la multiculturalidad, los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, el medioambiente, el sistema político,
entre otros.
Los
niveles de representatividad de la ciudadanía son bajos, y si bien, se otorga
participación popular cuando se trata de situaciones locales o comunales, en
materias relevantes y de carácter nacional, no se permite la intervención
ciudadana y a pesar de los cambios hechos en estos últimos 26 años, subyacen
principios autoritarios y antidemocráticos.
"Hemos llegado al punto en el que los riesgos de dar el
paso son menores que los de no hacer nada, a la situación en la que la reforma
no es sólo algo conveniente, sino también necesario, aunque cabe perfectamente
manejar un calendario adecuado que no perjudique la recuperación ni la
estabilidad", asevera el catedrático español de Derecho
Constitucional Javier Díaz Revorio.
El problema constitucional y el miedo a modificar la
constitución puede resumirse en una pregunta: ¿cómo debatir un cambio
constitucional bajo las reglas vigentes sin que las minorías tengan un peso
excesivo a la hora de imponer sus puntos de vista?
Para el abogado Cristián Soler Viada, “un primer acercamiento
al tema es que la Constitución
es la norma fundamental que rige a los países, y tiende a ser permanente,
aunque puede ser modificada a fin de adecuarla a las necesidades sociales
imperantes.
Si dichas necesidades sociales son relevantes, el
mantenimiento de una constitución que no les da solución, puede conducir a
situaciones explosivas y/o al alejamiento de la población de la vida política,
esto es, de su gobierno y demás instituciones fundamentales.
Todas las demás normas de grado jerárquico inferior (leyes,
decretos, reglamentos, etcétera), deben adecuarse a las modificaciones que se
hagan a la
Constitución. Siempre que se anuncian cambios, el ser humano
siente temor, pues altera las reglas del juego actuales, en las que se siente
más seguro, pues sabe a qué atenerse”.
A mediados del mes de octubre de 2015, fue presentado el
libro “La solución constitucional” de los editores Claudio Fuentes y Alfredo
Joignant publicado por editorial Catalonia. En el texto, se entregan variadas
reflexiones sobre la necesidad de de reformar la Constitución política
y las posibles salidas e este problema que hoy preocupa a nuestra sociedad.
Los editores de este libro, plantearon una simple pregunta
que fue qué mecanismo se imaginan para resolver el problema constitucional en
Chile y que los editores restringieron este trabajo, a la recopilación de
ensayos sobre el procedimiento de elaboración de la nueva Constitución en los
cuales, solo uno de ellos rechaza la necesidad de establecer una nueva
Constitución y las 17 restantes sugieren caminos no de reforma, sino que de
franco reemplazo
Este libro, recogió la reflexión de David Altman, Fernando Atria, Nicolás Barceló, Jaime Bassa,
Cristóbal Bellolio, Pablo Contreras, Gonzalo Cordero, Sofía Correa, Javier
Couso, Claudio Fuentes, José Francisco García, Manuel Antonio Garretón, Claudia
Heiss, Marcos y Mario Insunza, Alfredo Joignant, Domingo Lovera, Salvador
Millaleo, Gabriel Salazar, Constanza Salgado, Catalina Szigeti, Esteban
Szmulewicz, Sergio Verdugo, Patricio Zapata y Francisco Zúñiga entregan una
visión transversal destinada a ser un argumento contundente, obligado y
contingente cuyo objetivo es el Chile futuro.
El libro fue presentado por la senadora Isabel Allende, por Bárbara
Figueroa, presidenta de la
Central Única de Trabajadores, por el senador y presidente de
la Unión Demócrata
Independiente (UDI) Hernán Larraín y por el diputado y presidente de Evópoli,
Felipe Kast.
Uno de los hilos conductores de esta publicación, es que la
responsabilidad principal la tienen los ciudadanos y las distintas
organizaciones en que estos actores se reúnen.
Se plantea que Chile necesita avanzar en ampliar y
robustecer la protección de los derechos fundamentales, establecer una
institucionalidad que profundice el gobierno efectivo de las mayorías, la
expresión proporcional de las distintas fuerzas políticas y la participación de
sectores históricamente marginados, y que debe responder a los desafíos nuevos
que enfrentan las sociedades del siglo XXI. Así, uno de los asuntos
fundamentales es el carácter de las transformaciones estructurales que ha
sufrido el país en las últimas décadas.
A pesar de que no hay una formula exacta para solucionar
este problema pareciera que hoy existe un momento propicio para discutir un
nuevo entramado constitucional. Sin embargo, cualquiera sea el escenario, este
nuevo ordenamiento requiere la sanción de la gente, ya sea a través de un
plebiscito, referéndum o mediante una Asamblea Constituyente. Lo anterior,
porque nada debe hacerse a espaldas de la ciudadanía. Hoy no se puede.
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