La solución constitucional: con miedo a los cambios.

La Constitución es la ley básica de un estado soberano, que esta aceptada como guía para su gobernación y como la norma jurídica de más alto rango en el ordenamiento político.

Establece la organización, atribuciones y relaciones entre los órganos del Estado, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reformas parcial o total de la constitución aspirándose a establecer un orden político, jurídico y social que se vería frustrado si este quedase a merced de alteraciones arbitrarias que cambiasen la organización del poder o vulnerasen los derechos que en ella se fijan según el gobierno que esté de turno.

También es lógico pensar, que la Constitución no puede quedar a la disposición de poderes que deben su existencia a la misma, sería contradictorio que la obra del poder constituyente esté sujeta a lo que disponga el poder constituido. Pero de la misma forma, resulta improcedente, negar la posibilidad de cambio de la Constitución ya que esto supondría, que una generación podría establecer las pautas de conducta para una comunidad de una vez para siempre. 

¿Qué implica cambiar una constitución? José Martí explicaba que un cambio en las leyes es la promesa de toda revolución, aquella de representar el alma de un pueblo que antes fue ocultada u oprimida.

Sin caer en un exceso de legalismo, es clara la enorme influencia que tienen las leyes en la forma en que las personas desarrollan las relaciones sociales con su comunidad.

En la historia de Chile, han existido 10 textos constitucionales y un proyecto de constitución federal en 1826 que no se concretó siendo, el elemento común de todos estos textos, la creación de un estado unitario con diversos grados de presidencialismo.

Mas tarde, bajo los cuatro gobiernos liberales, también se realizaron importantes reformas a la constitución que prohibió la reelección del Presidente de la República; se limitó los quórum para sesionar en ambas cámaras; se definieron los derechos de reunión, asociación de presentación de peticiones a la autoridad constituida y en 1874, se estableció la libertad de enseñanza.  Además, el senado pasó a ser elegido por votación directa de las provincias, rebajándose el período a seis años; luego, se suprimió el fuero eclesiástico, se despachó la ley de secularización de los cementerios y en 1884, se aprobaron las leyes de matrimonio y de registro civil.

Para muchos, la actual Constitución Política de Chile carece de legitimidad, es factor de división y no de unidad nacional, porque al ser impuesta por un régimen de facto y fuera de todo procedimiento democrático y constitucional, solo representa a un sector de nuestra sociedad imponiendo fuertes trabas para su modificación y para legislar sobre temas, actualmente importantes, como la educación, el trabajo, la protección social, la multiculturalidad, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el medioambiente, el sistema político, entre otros.

Los niveles de representatividad de la ciudadanía son bajos, y si bien, se otorga participación popular cuando se trata de situaciones locales o comunales, en materias relevantes y de carácter nacional, no se permite la intervención ciudadana y a pesar de los cambios hechos en estos últimos 26 años, subyacen principios autoritarios y antidemocráticos.

"Hemos llegado al punto en el que los riesgos de dar el paso son menores que los de no hacer nada, a la situación en la que la reforma no es sólo algo conveniente, sino también necesario, aunque cabe perfectamente manejar un calendario adecuado que no perjudique la recuperación ni la estabilidad", asevera el catedrático español de Derecho Constitucional Javier Díaz Revorio.

El problema constitucional y el miedo a modificar la constitución puede resumirse en una pregunta: ¿cómo debatir un cambio constitucional bajo las reglas vigentes sin que las minorías tengan un peso excesivo a la hora de imponer sus puntos de vista?

Para el abogado Cristián Soler Viada, “un primer acercamiento al tema es que la Constitución es la norma fundamental que rige a los países, y tiende a ser permanente, aunque puede ser modificada a fin de adecuarla a las necesidades sociales imperantes.  

Si dichas necesidades sociales son relevantes, el mantenimiento de una constitución que no les da solución, puede conducir a situaciones explosivas y/o al alejamiento de la población de la vida política, esto es, de su gobierno y demás instituciones fundamentales.

Todas las demás normas de grado jerárquico inferior (leyes, decretos, reglamentos, etcétera), deben adecuarse a las modificaciones que se hagan a la Constitución. Siempre que se anuncian cambios, el ser humano siente temor, pues altera las reglas del juego actuales, en las que se siente más seguro, pues sabe a qué atenerse”.

A mediados del mes de octubre de 2015, fue presentado el libro “La solución constitucional” de los editores Claudio Fuentes y Alfredo Joignant publicado por editorial Catalonia. En el texto, se entregan variadas reflexiones sobre la necesidad de de reformar la Constitución política y las posibles salidas e este problema que hoy preocupa a nuestra sociedad.

Los editores de este libro, plantearon una simple pregunta que fue qué mecanismo se imaginan para resolver el problema constitucional en Chile y que los editores restringieron este trabajo, a la recopilación de ensayos sobre el procedimiento de elaboración de la nueva Constitución en los cuales, solo uno de ellos rechaza la necesidad de establecer una nueva Constitución y las 17 restantes sugieren caminos no de reforma, sino que de franco reemplazo

Este libro, recogió la reflexión de David Altman,  Fernando Atria, Nicolás Barceló, Jaime Bassa, Cristóbal Bellolio, Pablo Contreras, Gonzalo Cordero, Sofía Correa, Javier Couso, Claudio Fuentes, José Francisco García, Manuel Antonio Garretón, Claudia Heiss, Marcos y Mario Insunza, Alfredo Joignant, Domingo Lovera, Salvador Millaleo, Gabriel Salazar, Constanza Salgado, Catalina Szigeti, Esteban Szmulewicz, Sergio Verdugo, Patricio Zapata y Francisco Zúñiga entregan una visión transversal destinada a ser un argumento contundente, obligado y contingente cuyo objetivo es el Chile futuro.

El libro fue presentado por la senadora Isabel Allende, por Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Única de Trabajadores, por el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín y por el diputado y presidente de Evópoli, Felipe Kast.

Uno de los hilos conductores de esta publicación, es que la responsabilidad principal la tienen los ciudadanos y las distintas organizaciones en que estos actores se reúnen.

Se plantea que Chile necesita avanzar en ampliar y robustecer la protección de los derechos fundamentales, establecer una institucionalidad que profundice el gobierno efectivo de las mayorías, la expresión proporcional de las distintas fuerzas políticas y la participación de sectores históricamente marginados, y que debe responder a los desafíos nuevos que enfrentan las sociedades del siglo XXI. Así, uno de los asuntos fundamentales es el carácter de las transformaciones estructurales que ha sufrido el país en las últimas décadas.

A pesar de que no hay una formula exacta para solucionar este problema pareciera que hoy existe un momento propicio para discutir un nuevo entramado constitucional. Sin embargo, cualquiera sea el escenario, este nuevo ordenamiento requiere la sanción de la gente, ya sea a través de un plebiscito, referéndum o mediante una Asamblea Constituyente. Lo anterior, porque nada debe hacerse a espaldas de la ciudadanía. Hoy no se puede.