Plaza Montt Varas: el centro del protagonismo jurídico de la nación.

En el centro de la ciudad de Santiago, capital de Chile, en la calle Compañía, entre las calles Morandé y Bandera y rodeada por los edificios del ex Congreso Nacional, el Museo chileno de Arte Precolombino y el ex Palacio Larraín Zañartu, se encuentra la plaza Montt Varas que debe su nombre al monumento al presidente Manuel Montt y a su ministro de Justicia Antonio Varas.

En ese paño de terreno, se emplazaban numerosas edificaciones. Hacia el lado poniente (Compañía con Morandé), existía un inmueble del Club Hípico y otra casa. Ambos sitios, fueron adquiridos por el Estado para demolerlos. Hacia el lado oriente, se ubicaba el edificio del Real Tribunal del Consulado, obra del arquitecto Juan José de Goycolea y que databa de 1807. 

En dicho lugar, se celebró el cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810, cuando se constituyó la Primera Junta de Gobierno de Chile, que inició el proceso emancipador nacional.

Ese lugar también, fue, sede del Congreso Nacional, entre 1829 y 1877 y albergó a la Biblioteca Nacional desde 1877 hasta 1925 cuando se trasladó a su actual emplazamiento.

En ese sitio, cargado de la historia nacional es ocupado, en la actualidad, por el Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, institución que ha marcado la historia nacional desde su construcción y por el cual, innumerables jueces han tenido el protagonismo jurídico y político del país.

Es por ello que el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís Muñoz

Titula de esa manera el libro ““Plaza Montt- Varas sin número. Memorias del Ministro Alejandro Solís” en el que, publicado por CEIBO, relata sus memorias.

Alejandro Solís Muñoz (Santiago, 1937), se graduó del Instituto Nacional y, más tarde, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, su primera designación en el Poder Judicial fue como “Juez de Indios” en Nueva Imperial. Tras el golpe de Estado de 1973, se desempeñó como Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego fue nombrado juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago.

En ese cargo, enfrentó la difícil tarea de investigar delitos de lesa humanidad cometidos en Chile durante la dictadura militar, tales como los crímenes asociados a la Operación Colombo, Tejas Verdes, las investigaciones por el Patio 29 del Cementerio General y el asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert.

Alejandro Solís llevó adelante importantes procesos de derechos humanos, y narra cómo en su investigación, fue desenredando una madeja que le permitió acusar y sentenciar por primera vez a Manuel Contreras y a otros criminales de la Dina, como Miguel Krassnoff, Marcelo Morén Brito, Fernando Laureani y Gerardo Godoy.

Estas investigaciones no fueron fáciles. En ellas, los agentes de la DINA negaban todas las acusaciones que se les hacían, asegurando que sus roles solo eran de analistas o que cumplían funciones de guardia. Tampoco fue fácil conocer los antecedentes de su vida militar. 

Sin embargo, en la medida que la investigación avanzaba a través de interrogaciones acuciosas, centradas en las contradicciones de sus declaraciones empezaron a aparecer antecedentes que le permitieron al Ministro Solís llegar a determinar la responsabilidad del mando.

Una valiosa ayuda para el Ministro Solís, fue la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, dirigida por Rafael Castillo e integrada por detectives jóvenes, que trabajó para ubicar en Chile y en el extranjero, testigos y autores juntando información valiosísima.

Gracias a su trabajo acucioso logró probar que todas las acciones destinadas a detener personas eran por orden de Manuel Contreras, el que nunca creyó que terminaría condenado y que su condena, abriría la puerta a nuevas condenas por “secuestro permanente”, figura jurídica que se usó para condenar en los casos de detenidos desaparecidos, puesto que habían sido secuestrados y, al no hallarse los cuerpos, se transformaba en un secuestro permanente, pudiendo aplicarse penas mayores.

“Me preocupaba el fallo, puesto que debía ser claro y contundente en cuanto a las pruebas, y ajustado al derecho nacional e internacional para que pasara sin contratiempos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, puesto que era el primer caso donde se sentaba doctrina sobre la figura de secuestro permanente y había muchos detractores en ambas instancias judiciales”, señala el Ministro en su libro.

Recuerda que fue en 1988 cuando el juez Juan Guzmán Tapia admitió la primera querella, presentada por Gladys Marín, en temas de Derechos Humanos. Catorce años después, le correspondería a Solís asumir sus primeras causas en ese ámbito.

“Hay más de mil causas pendientes. Esperemos que sea a corto plazo que terminen con alguna decisión importante. Es lo que denominó como ‘impunidad biológica’, donde se están muriendo las víctimas, los testigos y los inculpados”, plantea.

En ese contexto, los cuestionados “pactos de silencio” dentro de las Fuerzas Armadas son definidos por el ex juez de la Corte de Apelaciones.

“He manifestado que los pactos de silencio tienen otro significado. Un pacto es un acuerdo entre personas iguales, entre pares. Y obviamente que la verticalidad del mando es la que está primando. Es el superior jerárquico el que le dice al inferior ‘tú no puedes hablar de esto, porque te puede pasar algo a ti o a tu familia’. Eso no es pacto. Es un encubrimiento de un crimen sencillamente”.

Finalmente, advierte que su aspiración es poder cambiar la costumbre que ha existido para contestar tarde o simplemente hacerlo mal. “Si vemos que se ha cambiado la mentalidad para responder a los requerimientos judiciales, ahí estaría cumplida nuestra labor”, concluye.