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| Miguel Luis Amunátegui |
Hace
149 años, el 6 de febrero de 1877, el entonces ministro de Justicia, Culto e
Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, firmó el decreto 547 que cambió el
curso de la historia para las mujeres -y hombres- del país.
Más
conocido como Decreto Amunátegui, este documento reconocía la necesidad de
estimular el estudio entre las chilenas para permitirles su propia subsistencia,
validando así su derecho a rendir los exámenes de admisión universitaria.
Es
probable que ni el presidente Aníbal Pinto ni el mismo ministro Amunátegui hayan
podido dimensionar por completo la transformación social, cultural, política y
económica que esta firma detonaría para Chile, aunque seguramente sabían que
estaban marcando la historia.
Hoy,
más de la mitad de los postulantes que rinde la Prueba de Acceso a la Educación
Superior (PAES) son mujeres, lo que en el último proceso de diciembre 2025
equivalió a más de ciento treinta mil registradas para dar esta evaluación.
Aun
cuando algunas carreras siguen siendo de preferencia masculina y persiste el
desafío público de incentivar la participación femenina en áreas como las STEM,
el impacto que este decreto tuvo en los derroteros de nuestra historia ha sido
sustantivo y, por eso, su conmemoración debería tener un lugar relevante en
nuestro calendario.
Por
supuesto, la huella más evidente ha quedado plasmada en la historia de la
educación nacional. La posibilidad de que las mujeres entraran a la universidad
conllevó la necesidad de que se prepararan para ello, lo que incentivó la
fundación de colegios secundarios, en principio privados y luego liceos
públicos que dieran cabida al creciente número de jóvenes ávidas por educarse.
De
manera paralela, además, se crearon las escuelas de Artes y Oficios, que
certificarían los trabajos técnicos de las mujeres, habilitándolas para entrar
de manera formal al mundo del trabajo.
El
decreto, en este sentido, no sólo fue un gesto político que respondía a la
creciente tendencia liberal del país, sino, sobre todo, simbolizó un giro
cultural trascendental: mediante él y a partir de entonces, se reconoció de
manera oficial y pública que las mujeres tenemos la capacidad intelectual para
formarnos en materias académicas y razonamiento científico y que esta
instrucción puede resultar tan relevante para nosotras como para los varones.
Porque,
bajo esta posibilidad, subyacía también la oportunidad de proyectar nuestro
derecho a trabajar, a realizarnos de forma profesional y a ampliar nuestros
horizontes de participación más allá de los límites y roles domésticos que por
siglos habían determinado el valor de las mujeres en sociedad.
Sus
alcances, por lo tanto, fueron mucho más allá del ámbito universitario: nos
encaminaron hacia la conformación y reconocimiento de una ciudadanía en
plenitud. En la medida en que la instrucción primaria, secundaria y superior se
amplió para las mujeres, nuestra preparación para ejercer roles y
responsabilidades de diversa naturaleza se hizo evidente.
Y esto, en última instancia, despejó las vías
para la conquista de derechos civiles y políticos, como aquellos referidos a la
seguridad social, la capacidad de autonomía en materia de decisiones económicas
o el derecho a voto y a ocupar cargos públicos.
En su época, por supuesto, el Decreto Amunátegui no estuvo exento de polémica.
Muchos opinaron que su aprobación amenazaba la estabilidad del hogar o de la
familia y que ponía en riesgo la integridad moral de las mismas mujeres.
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| María Gabriela Huidobro |
En especial, en materias de educación, las políticas públicas no solo impactan en su propio ámbito, sino que pueden transformar realidades.
El ejemplo de este decreto y del modo como se proyectó con mirada de futuro debe servir de inspiración, en un contexto en el que todavía vemos que en educación queda mucho por hacer.
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