La asociación que reúne a
77 editoriales independientes reclama transgresión a normas y leyes en la
segunda compra del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) de la
Subsecretaría de Educación de este año. Se trata de libros que se distribuyen a
lo largo de todo el país para escolares de diferentes edades.
El pasado 23 de octubre,
Paulo Slachevsky, representante legal de LOM Ediciones -socia de Editores de
Chile- presentó un requerimiento en la Contraloría para acusar poca
transparencia en el segundo y más reciente proceso de compras públicas de
libros para bibliotecas escolares, realizada por el Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CRA), dependiente de la Subsecretaría de Educación del Ministerio
de Educación.
¿Qué es lo que pasó? Los
procesos de compras públicas se llevan a cabo a través de Convenios Marco,
mecanismo establecido por el Estado, con el fin de garantizar pluralidad y
sobre todo transparencia en la adquisición de diversos productos o servicios
que el mismo requiere en distintas áreas, y en los cuales están inscritos
diversos proveedores. En este caso, el 16 de agosto de este año la
Subsecretaría de Educación publicó una Intención de Compra, señalando que
podrían participar aquellos proveedores que tuvieran “catalogados” sus
productos.
El
catálogo es un mecanismo legal que permite la actualización de las listas de
ofertas de bienes y servicios, sin embargo, en este llamado se excluyó a priori
a miembros del convenio pertinente para la presentación de muestras en base a
la que se haría una selección previa a la catalogación. Así, la elección de 76
títulos se hizo de una manera poco transparente y arbitraria. “La Subsecretaría
operó de manera opaca y con abierta falta al principio de igualdad de los
oferentes, ya que en esta etapa sólo convocó a algunos de los proveedores del
Convenio Marco para que presentaran muestras de libros en atención a las áreas
o temas planteados por el mencionado organismo público, los que fueron elegidos
a través de un procedimiento desconocido, no reglado y a toda luces arbitrario,
del cual no tuvimos conocimiento a pesar de ser proveedores del Convenio Marco
antes individualizado”, se explica en el documento presentado ante la
Contraloría.
Lo anterior, además de
excluir arbitrariamente a algunos actores, de contravenir normas de las bases
administrativas que fijan que se debe informar a todos y que el comprador no
podrá adicionar nuevos criterios en dicha etapa, no da cabal cumplimiento de
las leyes 19.880 y 19.886, en sus principios de imparcialidad, transparencia,
publicidad, de buscar la oferta más conveniente, entre otros aspectos.
Para aclarar qué había
ocurrido en este proceso, miembros de Editores de Chile presentaron dos
requerimientos por Ley de Transparencia al Ministerio de Educación, obteniendo
respuestas ambiguas y poco satisfactorias. Editores
de Chile -asociación gremial que reúne a 77 editoriales independientes,
posicionándose como las grande del país- respalda firme y comprometidamente
ambas solicitudes y el recurso interpuesto por LOM en la Contraloría.
Cabe señalar que en la
primera adquisición de 2018 del CRA se invirtieron $4.113.915.649 en 475.892
ejemplares, que pueden llegar a las más de 11 mil bibliotecas escolares: 8.547
en educación básica, 2.429 en educación media y a 103 en educación especial, en
escuelas y liceos de dependencia particular subvencionada y municipal.
¿Por qué esta compra en particular es de importancia?
“Cuando son compras de
libros para bibliotecas escolares, estamos hablando de lo que leerán los niños
en los colegios de Chile y ello es, sin duda, muy importante”, explica Paulo
Slachevsky. Y agrega: “Las compras públicas en esta materia son a su vez un
factor central para democratizar el libro, para facilitar su acceso y promover
la lectura entre los estudiantes, como también para fortalecer el ecosistema
del libro en Chile, lo que contribuye a generar un círculo virtuoso que
potencie la producción intelectual local”. Pero no es lo único: “Cómo no
considerar la cercanía y proximidad con los autores, el lenguaje y los temas
tratados, como un factor de pertinencia, que promueve la aproximación y
curiosidad de los niños y jóvenes con los libros”, concluye.
No sólo es importante qué
se compra, sino que también cómo: “Nos parece que no es aceptable que solamente
algunos proveedores o editores sean contactados, que no se sepa bien cómo
proceden, que al final exista un velo en gran parte del proceso de selección y
de compra. Eso no le hace bien a la cultura, no le hace bien al país”, comenta
el fundador de LOM.
En tanto, Beatriz García-Huidobro, profesora, psicopedagoga,
escritora, editora de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del directorio
de Editores de Chile, refuerza la importancia de la transparencia, y destaca
los efectos que esto tiene en cuanto a educación: "A nosotros como
asociación nos importa mucho la transparencia y la posibilidad de participar de manera justa entre los
diferentes actores, donde sea la calidad del libro y su pertinencia lo que
prime por encima de otros parámetros. Creo que esta acción de solicitar una
revisión ha sido necesaria para despejar la cancha y permitir que las
diferentes editoriales participen en igualdad de condiciones. Confiamos que
haya una respuesta clara que transparente los procesos de adquisiciones".
Y agrega: "Como educadora reconozco la importancia de un canon amplio y
flexible en lo que se refiere a las lecturas de nuestras niñas y niños. La
diversidad es un elemento fundamental no sólo para que se aproximen a los
libros y se mantengan cerca de ellos, sino también para que descubran en su
interior la variedad de mundos que contienen, la multiplicidad de miradas y las
sensibilidades que despiertan en ellos. Por eso es que las adquisiciones no son
un tema puramente económico dentro de la industria del libro, sino que están a
la base de la formación literaria y valórica de nuestros estudiantes".
Además, desde hace tres
años, diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil trabajan en la
implementación de la Política Nacional de la Lectura y del Libro 2015-2020, que
busca reforzar el ecosistema del libro del país y mejorar problemas como la
comprensión lectora. Se ejecutan medidas en diferentes ámbitos, que van desde
la creación hasta la internacionalización. Una de las mesas es justamente la de
Compras Públicas, que entre sus tareas, tiene la de que en el año 2020 éstas
contemplen un 60% de libros locales. “Si bien se ha avanzado, el Ministerio de Educación
no ha respondido para nada en relación a esa medida. Y en vez de avanzar, ha
retrocedido. En el primer CRA que salió este año, el 75% de los títulos son con
ISBN extranjero y el 25% con ISBN chileno”, dice Slachevsky. Por otra parte,
aunque la presencia del Mineduc está prevista en dicha mesa, no ha participado
en las últimas oportunidades.
Una ley de cuota
Tal como se hizo en la
música con la Ley del 20%, ¿ayudaría establecer una cuota de libros chilenos en
las compras públicas? Sería el caso, plantea Slachevsky. “Transformar en ley la
medida de la Política Nacional que establece el 60% puede ser un gran avance.
Establecería ciertos equilibrios, porque el problema es que el mercado no lo
hace. Está muy bien conocer el cine de Hollywood, los libros de las
multinacionales y de países del norte, pero no puede ser en detrimento de la
producción propia. Como lo señala la Convención
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de
Unesco, suscrita y ratificada por nuestro país, hay derechos y obligaciones de
los Estados en favor de sus propias expresiones culturales”.
Lo que viene
Actualmente, Editores de
Chile está a la espera del pronunciamiento de la Contraloría. Al pedirle la
información pertinente al Mineduc, la cartera solicitó una extensión para
entregarla. “Esperamos que, tanto a través del proceso en Contraloría como en las
consultas que estamos haciendo al Consejo de Transparencia Pública, se logre
primero esclarecer cómo operan en los procesos de selección y compra el
Ministerio. Y segundo, generar cambios en ellos, en favor de mayor
transparencia, de mayor diversidad, inclusión y democratización del libro”,
dice Slachevsky.
La reciente
invitación a la Gran Compra 43973 de libros complementarios al texto escolar
2019 por 262.029 ejemplares de un título a un valor de referencia de $11.305
cada uno IVA incluido, por un total de $ 2.962.237.845, da cuenta de la
urgencia de transparentar y cambiar
estos procesos. El 2013 las adquisiciones de textos escolares sobre 200.000
ejemplares promediaban los $1.221 por ejemplar IVA incluido. ¿Cómo entender que
se incluyan libros a más de $11.000 por ese volumen? Por esa suma, a lo menos,
se podría considerar cinco títulos diferentes en vez de uno, más de un millón
de libros a repartir en vez de 262.029. No sólo los procesos de selección son
opacos, sino que hay de hecho un poco eficiente uso de los recursos públicos.
Por otra parte, la
asociación -que reúne a cerca de 70 editoriales independientes-, junto a la
Cooperativa de Editores de La Furia, buscará llegar a la Comisión de Educación
y Cultura del Senado y a la de Cultura, Artes y Comunicación en la Cámara.
SOBRE EDITORES DE CHILE
Editores
de Chile es una asociación gremial que integra a cerca de ochenta editoriales
independientes y universitarias. Se fundó a comienzos de este milenio y su
misión es promover el desarrollo de la industria editorial nacional y
latinoamericana mediante la colaboración y el intercambio, fomentar la
diversidad cultural y la bibliodiversidad, impulsar el rol cultural y social
del libro, entendiendo la lectura como parte del desarrollo integral del ser humano,
entre otras.
Por su parte, Manuel Vicuña, director
del Centro para las Humanidades UDP, señaló que
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