jueves, 29 de octubre de 2015

Cataluña, Companys y los hechos de octubre de 1934



La madrugada del 15 de octubre de 1940, Lluís Companys, presidente de la Generalitat desde 1934, es ejecutado en el castillo de Montjuic de Barcelona. Muere descalzo, pisando su tierra, al grito de: “¡Por Cataluña!”. En el consejo de guerra al que ha sido sometido unas horas antes, la defensa no ha podido aportar ningún testimonio. Companys, sereno y consciente aun a pesar de la gravedad y trascendencia del momento, recuerda a los presentes que “la historia nos juzgará a todos en nuestra intención”.

Companys se convertía entonces en el único presidente de la historia contemporánea elegido democráticamente que era ejecutado por motivos políticos. Un crimen de estado. A diferencia del magnicidio del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963, o suicidio del presidente de Chile, Salvador Allende, en 1973, Lluís Companys fue fusilado después de un juicio militar, conocido como sumarísimo. Es decir, sentenciado por las leyes militares de la nueva dictadura del general Francisco Franco, jefe de un régimen fascista nacido de la Guerra Civil española (1936-1939).

Ocho días después del asesinato del presidente Companys, Franco y Adolf Hitler se reunían en la estación de Hendaya para ratificar las buenas relaciones entre ambos regímenes. No se habló de Companys, evidentemente. Tampoco se mencionó en la visita que el jefe de las SS, Heinrich Himmler, hizo a Barcelona aquel mismo día, 23 de octubre de 1940. Himmler estaba de visita en el Estado español para corroborar la colaboración de las policías alemana y española en la detención y extradición de los que consideraban enemigos comunes. 

Companys había sido uno de ellos, y es por eso que la policía nazi lo había detenido en Labaule (Francia), donde el presidente de Catalunya vivía como refugiado político después de la Guerra Civil. Companys fue entregado por los alemanes a las autoridades españolas, que le vejaron físicamente en Madrid y le humillaron judicialmente en Barcelona en un consejo de guerra sin garantía legal alguna.

Su defensor, el militar franquista Ramón de Colubí, recordaba seis décadas después del fusilamiento que Companys murió por catalanista y no por instigar ningún desorden social, como le acusaba el fiscal: “El problema es que dentro de la idea de la España nacional, Companys era un enemigo”, explicó Colubí. En 2015, se cumplen 75 años del fusilamiento de Companys, y a día de hoy, la sociedad civil catalana y también la Generalitat de Catalunya persisten en pedir a las autoridades del Estado español la anulación del juicio que le condenó a muerte.

Hasta hoy, esta demanda ha sido rechazada por los diversos gobiernos españoles, fuesen de derechas o de izquierdas. España, a pesar de vivir en un estado de derecho y democrático desde hace más de tres décadas, nunca ha pedido disculpas, ni siquiera simbólicas, por los reiterados episodios de represión contra Cataluña y la cultura catalana. En 2001, el rey Juan Carlos I aún manifestó: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano”. 

En el primer cuarto del siglo XX, pues, Cataluña era un hervidero en demanda de más autogobierno. Lo pedían las clases industriales, las menestrales y las obreras. Y es que no tenía ningún sentido que la llamada fábrica de España, dado el liderazgo económico de Cataluña en el conjunto del Estado, no se viese satisfecha sin un solo avance legislativo y político. 

El derecho de conquista de 1714 seguía vigente. A pesar de que la economía catalana era beneficiosa fiscalmente para el Estado español, la política de Madrid optó por estrangular las finanzas catalanas. Cuando, en 1899, las Cortes españolas anunciaron una subida de impuestos, las clases medias catalanas hicieron un cierre de cajas; es decir, dejaron de pagar impuestos al Estado, una acción a la que se sumaron tanto los industriales como la clase obrera. La respuesta a esta insumisión fiscal fue la declaración del estado de guerra en Barcelona: una vez más, las demandas de los catalanes se disipaban a golpe de sable.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la tensión política entre Cataluña y España continuó creciendo con la misma intensidad con que lo hacía el catalanismo político. Pero el 13 de septiembre de 1923, el capitán Miguel Primo de Rivera lideró un alzamiento militar con el beneplácito del rey español Alfonso XIII de Borbón. 

Muy pronto que, a pesar del apoyo de algunos sectores de la oligarquía catalana, la nueva dictadura no sería en nada favorable a los intereses de Cataluña, ya que el nuevo régimen militar se dedicó a perseguir el resurgimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña, además de prohibir la organización de partidos, asociaciones e instituciones catalanas acabadas de crear, como la Mancomunidad.

Con la dictadura de Primo de Rivera se ratificaba la España una y centralista y se enterraba cualquier intento autonomista catalán. La represión estaba presente en todos los ámbitos, también en el deportivo. En 1925, el estado del FC Barcelona fue clausurado durante seis meses después de que una parte de los seguidores barcelonistas expresasen su malestar contra la dictadura silbando las notas musicales de la Marcha Real, el himno nacional español. Además de la clausura del recinto, el Gobierno español impuso una dura sanción a la entidad, y el presidente y fundador del club, Joan Gamper, fue inhabilitado a perpetuidad y expulsado de España. 

El 18 de septiembre de 1923, cinco días después de alcanzar el poder, el general golpista prohibió izar la bandera catalán y el uso del catalán en la documentación de las corporaciones públicas y asociaciones, y también hizo cerrar 46 asociaciones por considerarlas demasiado patrióticas. El nivel de represión fue tal que, en marzo del año siguiente, ocurrió un hecho insólito: 116 escritores en lengua castellana firmaron un manifiesto en defensa del catalán. Entre los firmantes, destacan las rúbricas del poeta que después sería fusilado durante la Guerra Civil, Federico García Lorca, de José Ortega y Gasset o de Manuel Azaña, futuro presidente de la República Española en plena guerra.

Con la proclamación de la Segunda República española y la efímera República Catalana, en abril de 1931, comenzó una nueva etapa que comportó la recuperación de la Generalitat, es decir, del autogobierno perdido desde 1714. Pero a pesar de una cierta permisividad, sobre todo en el ámbito cultural, todos los intentos por avanzar en este autogobierno fueron frenados desde Madrid. 

En efecto, una vez caído Primo de Rivera en 1930, la proclamación de la República en 1931 se tradujo en el retorno de la oficialidad del catalán y la recuperación de cierta autonomía. Pero la negociación del Estatuto que tenía que establecer las bases de este autogobierno y el hecho de que otros lugares de España, como el País Vasco, Aragón o Asturias, también redactasen sus estatutos, volvió a tensar la cuerda y generó un encendido debate en Madrid sobre la organización territorial del Estado republicano. Afirmaciones en diarios como El Imparcial del tipo “Antes que el Estatuto, la guerra civil”, no sólo predecían la tragedia que se intuía, sino que demuestran que limitar el estallido del conflicto al odio entre derechas e izquierdas es altamente reduccionista.

La realidad es que el temor a que todo aquel cúmulo de estatutos rompiese España legitimó, para muchos, un alzamiento militar que tenía en la exaltación del nacionalismo español su principal leitmotiv: “Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Barcelona en un inmenso solar”, era una de las sentencias que vertía el general franquista Queipo de Llano en sus incendiarias emisiones radiofónicas. Pero Cataluña no solo era el blanco de todas las iras del bando franquista. En el republicano, la sensación de que el autogobierno de Cataluña había precipitado la guerra generó un gran resentimiento, de manera que, cuando Franco abolió el Estatuto de Autonomía y eliminó la oficialidad del catalán el 1938, muchos republicanos lo vieron con buenos ojos.

El franquismo fue el particular holocausto de la lengua y la cultura catalanas. Por un lado, Franco estaba convencido de que si hacía desaparecer de raíz el catalán de la vida pública y suprimía todas sus instituciones culturales, comenzando por la universidad, desaparecería también su personalidad nacional. Y por el otro, porque la práctica totalidad de intelectuales catalanes se vieron abocados al exilio. 

Dos años después, el 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española como respuesta a la involución conservadora del Gobierno republicano. A raíz de ello, la reacción de Madrid no se hizo esperar y el Estado catalán tuvo una vida fugaz de menos de diez horas, las que necesitó el Ejército español para restablecer el orden. 

En los enfrentamientos murieron 74 personas y 252 resultaron heridas. Companys y su gobierno permanecieron en prisión hasta febrero de 1936. Al ser liberado, Companys dijo en un discurso que tenía la sensación de que los sacrificios pasados no serían los últimos y que “quizás no serán mayores que los sacrificios que nos esperan”. 

Vista con la perspectiva del tiempo, aquella frase fue profética. El 23 de enero de 1939, cuando las fuerzas franquistas estaban a punto de entrar en Barcelona, Companys atravesó la frontera entre las repúblicas Española y Francesa con el lehendakari José Antonio Aguirre. Se exilió a Perpiñán y después se trasladó a París para trabajar en la representación en el exilio de la Generalidad. Acabó finalmente en Ar Baol-Skoubleg (Bretaña), y se quedó sin la amenaza de las tropas nazis, porque no quería alejarse de su hijo Lluís Companys y Micó (1911-1956), que tenía una grave enfermedad mental.

Las últimas investigaciones han permitido reconstruir cómo fueron sus últimos días. La periodista Gemma Aguilera acceder a la documentación de Pedro Urraca, el agente que detuvo Compañeros en la localidad bretona de Ar Baol. También el historiador manresano Joaquim Aloy localizar al Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis [Instituto Internacional de Historia Social] de Amsterdam un manuscrito de Carme Ballester, la segunda esposa de Companys, en el que explica cómo Urraca y los agentes nazis entraron en su casa el 13 de agosto de 1940: "Dos hombres vestidos de civil y cuatro con uniforme de soldados alemanes irrumpieron en el domicilio ". Y añade:" Con las metralletas en la mano y apuntando a mi marido y a mí misma, después de registrar la casa y llevarse el dinero que había, los cuatro soldados llevaron custodiado al presidente de Cataluña! ". 

Al día siguiente, Ballester fue a ver a su marido en la cárcel a la Ville Caroline: "Me dijeron que sí, que mi marido estaba allí, pero que no podían nada: yo no lo vería". Cuando estaba a punto de irse, vio cuatro soldados, en medio estaba Companys. Carmen Ballester corrió hacia él, "pero el oficial me agarró por el brazo para sacarme fuera". En ese momento lo llamó y él "se volvió hacia mí y me hizo un signo con la mano queriendo decir: 'huye de aquí!'. "Sería la última vez que vería a su marido.

Pedro Urraca Rendueles fue el agente español que coordinó toda la detención de Companys. Le llevó hasta Madrid. Lo entregó a la policía de España el 29 de agosto. En su libreta de 1940, el agente dedica una página al presidente catalán. La escribió la tarde del 28 de agosto: "Después de un mes y medio,! cuántas cosas han pasado! Al recorrer el largo camino que separa París de Madrid, acompañando el día de hoy vencido y que lo fue todo para Cataluña, Lluís Companys, pienso en el futuro que se abre ante voz y en el horizonte que el mundo actual nos ofrece. 

Todas las ilusiones, toda la fe en los ideales de este hombre han caído por tierra. Ya no es sino un harapo de la vida que quiere aparecer, ante sus acusadores, como un hombre recto sin manchas. Lo tendrá difícil ante el ambiente que le espera allí abajo. Esta libertad pasajera del viaje le parece un regalo que le hace la vida antes de abandonarlo y quiere disfrutar con todas sus fuerzas. Pero los acontecimientos del momento actual son demasiado fuertes para que el mundo se digne a dirigir la mirada a un hombre que, de antemano, está dispuesto a sacrificio anónimo y que voluntariamente está dispuesto a olvidar su pasado ... ".

Desde el 29 de agosto hasta el 3 de octubre de 1940, Companys fue torturado en la Dirección General de Seguridad, en la madrileña Puerta del Sol. Después fue trasladado al Castillo de Montjuïc, en Barcelona, convertido en prisión, para ser sometido a un consejo de guerra sumarísimo. Las indicaciones de Franco eran claras: condenarlo a muerte y fusilarlo lo antes posible sin dar noticia a la prensa. 

El 14 de octubre comenzó un consejo de guerra que no fue más que un simulacro, como el resto de los 110.000 que el franquismo puso en marcha en Cataluña. Pocas horas después, el caso quedaba visto para sentencia: pena capital. Esa misma tarde, Franco, sin ver el sumario ni el acta del consejo de guerra, dio el Enterado. La condena se debía cumplir al día siguiente, al alba. En su testamento hológrafo, Companys escribió: "A todos los que me han ofendido perdono; a todos los que haya podido ofender pido perdón. Si he de morir, moriré serenamente (...). Por Catalunya y lo que representa de Paz, Justicia y Amor".

En la vigilia del Consejo de Guerra, pocas horas antes de ser ejecutado, Companys escribía su última carta a Carmen Ballester: "Me siento sereno y tranquilo. Es Dios que ha puesto las cosas y las decisiones para darme este destino y me llena de una serenidad extraordinaria. Le doy las gracias por cuanto habiendo todos de hacer el mismo camino, me ha reservado un fin tan hermoso, por Cataluña y mis ideales, que revaloriza mi humilde persona. Tú que me amas y tienes que amar pues el recuerdo que pueda dejar, debes comprender esto. No admitas, pues, condolencias, ni llores. Levanta la cabeza. Esta muerte, que afrontaré plácidamente y serenamente, dignifica. Vida mía, moriré amándote. Tu retrato lo llevaré conmigo. Y el último pensamiento será para ti y mis hijos, con el amor a Cataluña. Te besa, tu esposo, Luis. "

Eran cerca de las dos de la mañana, cuando las tres hermanas de Companys tuvieron que despedirse para siempre de su hermano y abandonar el castillo de Montjuïc, lugar donde estaba preso y donde sería fusilado. Mientras llegaba la hora de la ejecución, se iban realizando los trámites legales. Leyeron la sentencia que lo condenaba a muerte y su aprobación. Companys lo escuchó sin immutarse y no quiso hacer ningún comentario. Más tarde, después de confesarse e ir a misa, le preguntaron si quería alguna cosa. Con un punto de humor, pidió pan con chocolate de Agramunt, el chocolate que, cuando era pequeño, comía en su pueblo del Terròs, en el Urgell. Más tarde, pidió una botella de coñac. Tomó un par de copas, escasas. 

Mientras esperaba que amaneciera, el presidente Companys, con la comitiva que lo acompañaba, permaneció en el patio de armas del castillo. Companys esperó su último momento de vida paseando y fumando un cigarrillo. Pasados unos minutos, cuando empezó a hacerse claro, se dirigió a los que lo acompañaban, y simplemente les dijo: “Vamos ya…”. Un testimonio franquista remarca que lo dijo serenamente, sin inmutarse, como si aquellas palabras que pronunciaba no lo acostaran fatalmente al momento de su muerte. 

El piquete que lo iba a ejecutar estaba integrado por soldados de infantería. El oficial se acercó al presidente Companys para vendarle los ojos y ponerlo de espaldas al piquete de ejecución. Pero Companys, con un gesto sobrio y sin pronunciar una sola palabra, rechazó la venda y se puso de cara, mirando al piquete. En el bolsillo superior de la americana, llevaba como siempre el pañuelito blanco con las cuatro puntas. En el momento en el que los soldados iban a disparar, gritó con fuerza y claramente: “Por Catalunya”. 

Poco después de la ejecución, el defensor militar decía a Ramona, la hermana del presidente, que Companys había sido el más tranquilo y sereno de todos los presentes. Lluís Companys había muerto con la dignidad que correspondía a un presidente de Catalunya. Eran las 6.30 de la mañana aproximadamente. Lluís Companys tenía 58 años y su ejecución era la número 2.761 de las realizadas en Catalunya por el régimen franquista desde la ocupación de Barcelona, el 26 de enero del año anterior.

El Gobierno español aprovechó esta situación para llevar a cabo una intensa represión contra Cataluña, con 3.400 presos políticos, entre los que estaban Companys y los miembros de su Gobierno, que fueron condenados a 30 años de cárcel. La rebeldía del Gobierno de la Generalitat también fue el pretexto para que Madrid suspendiese la autonomía catalana, impusiese de nuevo el castellano como lengua única y prohibiese las actividades de los partidos, los sindicatos y las asociaciones catalanistas y de izquierdas. 

El 18 de julio de 1936, el general Franco encabezó el enésimo golpe de estado, ahora contra el Gobierno de la República. En el transfondo del malestar de los militares y de buena parte de la derecha y de la Iglesia española estaba la cuestión del catalanismo, incómodo para la idea centralista y unitaria de España. Así, no era extraño que durante la guerra, la prensa española en zona franquista propusiese incluso la desaparición de Cataluña. Un diario de Valladolid, El Norte de Castilla, publicaba un artículo el 25 de agosto de 1936  en el que se proponía que el territorio de Aragón, fronterizo con Cataluña, anexionase el territorio catalán: “Y entonces dejar que todo cuanto en los rescoldos aún siga oliendo a catalanismo, dejar que los aragoneses se las entiendan con él. Aragón españolizará a Cataluña”. 

Como explican los historiadores Josep M. Solé y Joan Villarroya, durante los tres años de guerra y la posterior posguerra, la represión de los vencedores se expresó “de las maneras más diversas: política, social, laboral, ideológica y, en el caso de Cataluña, de un intento de genocidio cultural que pretendía hacer desaparecer de raíz su específica personalidad nacional”. 

Y es que en las postrimerías de la guerra, Franco dejó bien claro sus intenciones para Cataluña: “En cuanto a la suerte futura de Cataluña, hemos de decir que esta es precisamente una de las causas fundamentales de nuestro levantamiento. Si abandonásemos Cataluña a su propio destino, llegaría a ser un grave peligro para la integridad de la Patria”. 

Companys fue enterrado en el Cementiri Nou de Montjuïc, en el mismo cementerio donde reposaban los restos de los presidentes Francesc Macià y Enric Prat de la Riba. En la lápida, las autoridades franquistas no permitieron inscribir ningún nombre ni ninguna otra indicación sobre la persona que reposaba. 

Sin embargo, se fue sabiendo que el presidente Companys estaba enterrado allí, y durante los años de la dictadura franquista, a menudo manos anónimas fueron dejando ramos de flores con un lazo con la bandera catalana. También, burlando la vigilancia a la que estaba sometida la sepultura, la fotografiaron. Y las fotografías fueron publicadas en hojas y periódicos, editados en el exilio y clandestinamente en el interior de Cataluña. Después de la ejecución, un teniente que servía en la batería de artillería de costa, de guarnición, en la montaña de Montjuïc, se dirigió a los soldados catalanes que hacían el servicio militar y les dijo: “Catalanes, hemos fusilado a vuestro presidente”. 

Tenía razón: el presidente de los catalanes había sido fusilado. Por eso Companys se convertía, por encima de los aciertos y errores de su actuación política durante toda su vida, en el presidente mártir, en el presidente de todos los catalanes. El odio por lo catalán lo había convertido, ahora sí, y todavía, en un símbolo. 



Moisés Llopis i Alarcon
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Institut Ramon Llull

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