En el centro de la ciudad de Santiago,
capital de Chile, en la calle Compañía, entre las calles Morandé y Bandera
y rodeada por los edificios del ex Congreso Nacional, el Museo chileno de Arte
Precolombino y el ex Palacio Larraín Zañartu, se encuentra la plaza Montt Varas
que debe su nombre al monumento al presidente Manuel Montt y a su ministro de
Justicia Antonio Varas.
En ese paño de terreno, se emplazaban
numerosas edificaciones. Hacia el lado poniente (Compañía con Morandé), existía
un inmueble del Club Hípico y otra casa. Ambos sitios, fueron adquiridos por el
Estado para demolerlos. Hacia el lado oriente, se ubicaba el edificio
del Real Tribunal del Consulado, obra del arquitecto Juan José de Goycolea
y que databa de 1807.
En dicho lugar, se celebró el cabildo abierto del 18 de
septiembre de 1810, cuando se constituyó la Primera Junta de Gobierno de Chile,
que inició el proceso emancipador nacional.
Ese lugar también, fue, sede del Congreso
Nacional, entre 1829 y 1877 y albergó a la Biblioteca Nacional desde 1877 hasta
1925 cuando se trasladó a su actual emplazamiento.
En ese sitio, cargado de la historia nacional
es ocupado, en la actualidad, por el Palacio de los Tribunales de Justicia de
Santiago, institución que ha marcado la historia nacional desde su construcción
y por el cual, innumerables jueces han tenido el protagonismo jurídico y
político del país.
Es por ello que el Ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís Muñoz
Titula de esa manera el libro ““Plaza
Montt- Varas sin número. Memorias del Ministro Alejandro Solís” en el que,
publicado por CEIBO, relata sus memorias.
Alejandro Solís Muñoz (Santiago, 1937), se
graduó del Instituto Nacional y, más tarde, de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, su primera designación en el Poder Judicial fue como
“Juez de Indios” en Nueva Imperial. Tras el golpe de Estado de 1973, se desempeñó
como Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego fue nombrado juez
del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago.
En ese cargo, enfrentó la difícil tarea de
investigar delitos de lesa humanidad cometidos en Chile durante la dictadura
militar, tales como los crímenes asociados a la Operación Colombo, Tejas
Verdes, las investigaciones por el Patio 29 del Cementerio General y el
asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y de su esposa,
Sofía Cuthbert.
Alejandro Solís llevó adelante importantes
procesos de derechos humanos, y narra cómo en su investigación, fue
desenredando una madeja que le permitió acusar y sentenciar por primera vez a
Manuel Contreras y a otros criminales de la Dina, como Miguel Krassnoff,
Marcelo Morén Brito, Fernando Laureani y Gerardo Godoy.
Estas investigaciones no fueron fáciles.
En ellas, los agentes de la DINA negaban todas las acusaciones que se les
hacían, asegurando que sus roles solo eran de analistas o que cumplían
funciones de guardia. Tampoco fue fácil conocer los antecedentes de su vida
militar.
Sin embargo, en la medida que la investigación avanzaba a través de
interrogaciones acuciosas, centradas en las contradicciones de sus
declaraciones empezaron a aparecer antecedentes que le permitieron al Ministro
Solís llegar a determinar la responsabilidad del mando.
Una valiosa ayuda para el Ministro Solís,
fue la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, dirigida
por Rafael Castillo e integrada por detectives jóvenes, que trabajó para ubicar
en Chile y en el extranjero, testigos y autores juntando información
valiosísima.
Gracias a su trabajo acucioso logró probar
que todas las acciones destinadas a detener personas eran por orden de Manuel
Contreras, el que nunca creyó que terminaría condenado y que su condena,
abriría la puerta a nuevas condenas por “secuestro permanente”, figura jurídica
que se usó para condenar en los casos de detenidos desaparecidos, puesto que
habían sido secuestrados y, al no hallarse los cuerpos, se transformaba en un
secuestro permanente, pudiendo aplicarse penas mayores.
“Me preocupaba el fallo, puesto que debía
ser claro y contundente en cuanto a las pruebas, y ajustado al derecho nacional
e internacional para que pasara sin contratiempos en la Corte de Apelaciones y
en la Corte Suprema, puesto que era el primer caso donde se sentaba doctrina
sobre la figura de secuestro permanente y había muchos detractores en ambas
instancias judiciales”, señala el Ministro en su libro.
Recuerda que fue en 1988 cuando el juez
Juan Guzmán Tapia admitió la primera querella, presentada por Gladys Marín, en
temas de Derechos Humanos. Catorce años después, le correspondería a Solís
asumir sus primeras causas en ese ámbito.
“Hay más de mil causas pendientes.
Esperemos que sea a corto plazo que terminen con alguna decisión importante. Es
lo que denominó como ‘impunidad biológica’, donde se están muriendo las
víctimas, los testigos y los inculpados”, plantea.
En ese contexto, los cuestionados “pactos
de silencio” dentro de las Fuerzas Armadas son definidos por el ex juez de la
Corte de Apelaciones.
“He manifestado que los pactos de silencio
tienen otro significado. Un pacto es un acuerdo entre personas iguales, entre
pares. Y obviamente que la verticalidad del mando es la que está primando. Es
el superior jerárquico el que le dice al inferior ‘tú no puedes hablar de esto,
porque te puede pasar algo a ti o a tu familia’. Eso no es pacto. Es un
encubrimiento de un crimen sencillamente”.
Finalmente, advierte que su aspiración es
poder cambiar la costumbre que ha existido para contestar tarde o simplemente
hacerlo mal. “Si vemos que se ha cambiado la mentalidad para responder a los
requerimientos judiciales, ahí estaría cumplida nuestra labor”, concluye.
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